La quinta de Funes será utilizada como espacio educativo y de derechos humanos
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, rubricó ayer el convenio por el cual el gobierno provincial toma posesión del predio que funcionó como centro clandestino de detención durante la dictadura. Así lo había dispuesto la Legislatura el año pasado. Será utilizado como espacio de memoria
El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Ricardo Silberstein, rubricó en el dia de ayer un convenio por el cual el gobierno provincial expropió el predio conocido como Quinta de Funes, donde durante la última dictadura cívico militar funcionó un Centro Clandestino de Detención (CCD), y destinará el inmueble para ser utilizado como espacio educativo y de transmisión de memoria.
Ubicada en San José 2845 de la ciudad de Funes la quinta había sido afectada a expropiación por una Ley provincial aprobada el año pasado.
Ahora las instalaciones serán destinadas a la constitución de un espacio de memoria histórica de interés municipal y a un establecimiento educativo público que se denominará “Ana María Gurmendi”, en homenaje a una detenida desaparecida.
Silberstein expresó que “estos actos son símbolos para que no vuelva a haber dictadura ni tortura, para continuar luchando contra la desigualdad social, por la democracia. Son actos de toda la sociedad civil, no solo de quienes estamos aquí sino de quienes hemos vivido ese tiempo histórico y de las nuevas generaciones. No se trata solo de recordar sino de no olvidar las experiencias sociales, que son las que transmiten valores para que lo sucedido no vuelva a repetirse”.
En tanto, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Marcelo Trucco, inscribió la expropiación en el marco de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia que desarrolla la provincia.
“En estos sitios transcurrió mucho sufrimiento y mucha muerte que hoy deben servir para pensar el presente, para proyectar el futuro”, afirmó.
“Donde hubo tortura y muerte tiene que haber proyectos de vida, esperanza. Para nosotros es una esperanza recuperar estos espacios, que se trabaje para la enseñanza y la transmisión de la memoria”, sostuvo Trucco y destacó que “acciones como ésta también demuestran de qué lado queremos estar cuando hablamos de memoria, verdad y justicia”.
Por último, el subsecretario de Derechos Humanos, Ramón Verón, calificó la expropiación como “un acto importante e histórico para nuestra provincia, que registra como antecedente una ordenanza municipal y una ley votada por la Legislatura santafesina”.
También, expresó que recuperar la llamada Quinta de Funes no solo tiene que ver con recordar y honrar a los jóvenes que brindaron su vida por un país mejor, sino con la búsqueda de un nieto al que actualmente se espera ubicar, en referencia al hijo de la militante Raquel Negro. La mujer, que se encuentra desaparecida, fue llevada embarazada a ese centro clandestino y desde allí fue trasladada al hospital Militar de la ciudad de Paraná donde dio a luz mellizos, una niña y un varón. La joven fue dada en adopción y recuperó su identidad en 2009, no así su hermano que continúa apropiado.
El convenio con quien fuera el dueño de la propiedad fue firmado en el despacho del ministro y luego se realizó un acto en el salón de usos múltiples de la sede de la Gobernación de Rosario, otro espacio recuperado donde funcionaba la exalcaidía de mujeres.
Participaron la diputada provincial, Alicia Gutiérrez, representantes de organismos de derechos humanos, familiares de detenidos-desaparecidos que pasaron por la Quinta de Funes y otras autoridades.
La Quinta de Funes es uno de los cinco centros que formaron parte del circuito represivo bajo el mando operacional del Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario, comandado durante la dictadura cívico militar por el coronel Pascual Oscar Guerrieri.
Está ubicada en la esquina de la ruta nacional N° 9 y la diagonal San José. Según testimonios obrantes en el Archivo Nacional de la Memoria y en causas judiciales, entre septiembre de 1977 y enero de 1978, en ese lugar permanecieron secuestrados y fueron torturados hombres y mujeres perseguidos por su militancia política y social.
En 2016, al cumplirse 40 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, el predio fue señalizado por la provincia, en conjunto con la municipalidad de Funes y la Red Federal de Sitios de Memoria de la Nación.(Rosarioplus)
