Piden tres años de prisión condicional por falsa amenaza de bomba
Lo hizo la Fiscalía para un joven que el año pasado llamó a un colegio, al 911 y al Ministerio de Seguridad para evitar que tomaran un examen
La Fiscalía solicitó ayer tres años de prisión de ejecución condicional por «intimidación pública» para un joven de 20 años que en septiembre de 2016 hizo una falsa amenaza de bomba contra el colegio Estanislao López.
En esa oportunidad, Fabricio V. también alertó al 911 de la policía y al Ministerio de Seguridad.
Para el fiscal Fernando Rodrigo esas llamadas constituyeron un agravante «severo» ya que implicaron un fuerte despliegue operativo hasta que se detectó que no era real.
El imputado adujo que hizo las llamadas «como broma» para evitar que dos amigas suyas rindieran un examen en la escuela. El juez Juan Andrés Donnola tiene 10 días para definir la situación procesal del acusado.
Según el representante del Ministerio Público de la Acusación, «este caso, que hemos logrado identificar tras una ardua tarea, entre tantos otros que cuesta avanzar, debe servir de caso testigo para que haya una condena penal y quede claro que hacer una falsa amenaza de bomba no es una broma, es un delito».
Ayer, el fiscal Rodrigo acusó formalmente a Fabricio V. por lo ocurrido el 9 de septiembre de 2016. Ese día el joven que ahora tiene 20 años llamó al colegio, al 911 y al Ministerio de Seguridad advirtiendo que había una bomba en el interior del edificio de Oroño al 900.
«Al poco tiempo había en la puerta de la escuela un amplio operativo de seguridad, unos 700 alumnos fueron evacuados, muchos docentes y no docentes además de la conmoción que generó en toda la zona», recordó el fiscal.
En pocos minutos los agentes policiales constataron que la denuncia era una más de las tantas falsas llamadas que se realizan contra escuelas y facultades de la ciudad. Tanto, que en la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio de Rosario hay en trámite unas 40 investigaciones por este tipo de delitos(ver aparte).
Según pudo reconstruir el fiscal Rodrigo, «la llamada la hizo el joven desde un teléfono celular a pedido de dos amigas que se lo solicitaron vía Whatsapp, que iban al colegio y que ese día debían rendir un examen».
En la audiencia, la defensa del imputado adujo que se trató de «una broma» y reconoció la autoría de las llamadas.
El fiscal hizo una «ardua tarea de inteligencia social» hasta dar con el joven.
«La llamada partió desde un celular que estaba a nombre de un familiar, pero se pudo constatar tras entrecruzar datos con redes sociales que la línea la utilizaba el imputado», agregó el fiscal.
En un primer momento, Fabricio fue declarado en rebeldía tras no concurrir en tres oportunidades a la Fiscalía. En el expediente consta que estuvo viviendo en Corrientes, en la casa de un familiar directo.
El fiscal solicitó tres años de prisión de ejecución condicional para un delito que contempla penas de dos a seis años de privación de la libertad. «Se tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales del imputado, su edad y la colaboración de la familia para que se entregue», fundamentó.
Para el representante del Ministerio Público de la Acusación «sería un gran avance que el juez (Donnola) condene al imputado por tratarse de un delito que se ha cometido en varias oportunidades en la ciudad y otras localidades del país y pocas veces son sancionados, porque por lo general cuesta identificar a los autores».
«Debería ser una especie de caso testigo para que genere conciencia en el resto de la población», sumó el fiscal.
Ahora, el juez Donnola tiene hasta diez días para resolver la situación procesal del imputado ante el planteo de la Fiscalía.
Lejos de ser un caso aislado, la falsa amenaza de bomba contra el complejo Brigadier Estanislao López efectuada en septiembre del año pasado es parte de una modalidad delictiva cada vez más recurrente. Tanto que la Unidad Fiscal de Investigación y Juicio tiene abiertas al menos «40 acusas entre el año pasado y lo que va de este», precisó el fiscal Fernando Rodrigo.
El representante del Ministerio Público de la Acusación aclaró que los expedientes que tramita «no incluyen a las escuelas dependientes de la Universidad Nacional de Rosario (el Superior de Comercio y el Politécnico) ya que son de competencia de la Justicia Federal».
El fiscal Rodrigo reconoció que «no es sencillo avanzar en muchos de estos casos porque las llamadas se realizan a veces de celulares que no queda el registro y en caso de tener el número hay que hacer una investigación de inteligencia social, cruzar datos con redes sociales donde por lo general el usuario deja su número, para poder acreditar quién usa esa línea».Para el fiscal, «es muy importante que la sociedad sepa qué hacer ante estos actos de intimidación pública, que no son bromas sino delitos.
Es vital que los padres les transmitan esto a sus hijos y que haya condenas cuando se puede determinar quién hizo una amenaza de bomba, con todo lo que supone». En ese sentido, remarcó que «estas amenazas generan temor, hay que evacuar edificios, alterar a los vecinos y armar toda una logística para algo que no es real».(La Capital)
