A 74 años de la Revolución que abrió el camino del peronismo

Se cumplen 74 años del golpe militar del 4 de junio de 1943, que comenzó a poner fin a la llamada “década infame” y abrió el camino del peronismo.

Hacia 1943 el proceso democrático argentino había llegado a la total descomposición durante el gobierno de la Concordancia, el panorama estaba signado por la práctica del fraude en los actos eleccionarios, que desde 1932 había retornado a la vida argentina. Si bien es cierto que el presidente Roberto Ortiz (1938-1942) había anunciado su decisión de acabar con tan antidemocrática práctica, su enfermedad y posterior muerte echaron por tierra el proyecto; y la asunción a la primera magistratura del vicepresidente, Ramón Castillo, opuesto a esa idea, significaría la continuidad de los mecanismos fraudulentos en las elecciones que le tocó presidir, quedando en evidencia con la proclamación de la candidatura de Robustiano Patrón Costas, amigo personal del vicepresidente, que obtenía el respaldo del gobierno.

Los sectores castrenses al igual que el sector del radicalismo llamado Intransigente mostraron su disconformidad, pues sospechaban de la honradez del candidato y temían por la limpieza de los futuros comicios, presagiando la continuidad del régimen fraudulento con el triunfo del oficialismo.

Así fue que dentro del Ejército, un grupo de oficiales nucleados en una logia secreta cuyas siglas era G.O.U (Grupo de Oficiales Unidos) comenzaba a preparar un golpe militar contra el gobierno. Entre los participantes se contaba el entonces coronel Juan Domingo Perón, quien terminaría posteriormente siendo el más trascendente político de la década.

El 4 de junio de 1943, el país despertó sacudido por las noticias acerca de un golpe armado. Las fuerzas del ejército, al mando del general Arturo Rawson, marcharon sobre la Casa Rosada y depusieron al presidente Ramón Castillo. En la proclama revolucionaria se expresaba “los militares, fieles guardianes del honor de la patria, deseaban poner fin a la venalidad, al fraude, al peculado y a la corrupción que el Gobierno había adoptado como medida”.

Producido el conato revolucionario, el general Rawson a quien se designa en la Presidencia de la Nación en reemplazo de Castillo en menos veinticuatro horas perdía el apoyo del ejército y agotaba su gestión siendo reemplazado por el general Pedro Pablo Ramírez.

La política internacional de Ramírez estuvo gobernada por el principio de neutralidad que representaba, a esa altura, una concomitancia con las potencias del Eje Berlín-Roma-Tokio.

En febrero de 1944, Ramírez fue obligado a renunciar luego de que el gobierno argentino, incapaz ya de sostener la presión externa, rompiera, un mes antes de la finalización de la guerra, sus relaciones diplomáticas con Alemania.

La renuncia de Ramírez dejó la revolución en manos del general Edelmiro Farrell y, tras de él, el grupo allegado al GOU, encabezado por los coroneles Juan D. Perón y Domingo Mercante.

Perón, que ocupaba la secretaría del ministerio de Guerra desde junio de 1943, siguió escalando posiciones hasta ser nombrado vicepresidente en julio de 1944.

De esta manera, se convirtió en el hombre fuerte del régimen militar, ya que, además de esos dos cargos, retuvo también la cartera de Trabajo y Previsión, a la que había sido promovido en noviembre de 1943. Fue, justamente, desde este cargo, donde Perón desarrolló una activa política destinada al ámbito gremial, iniciándose un período que cambiaría las formas organizativas del movimiento obrero y la relación de éste con el Estado.

Desde la secretaría del Trabajo se impulsó, asimismo, la creación de sindicatos nuevos y se amplió la legislación laboral, haciéndose cumplir la que, hasta ese momento, existía sólo en los papeles.

El 1° de mayo de 1945, Perón reseñaba la tarea realizada por la Secretaría de Trabajo y Previsión en el último año: 29 decretos; 319 convenios y 174 gestiones conciliatorias que habían beneficiado a más de 2.580.000 trabajadores.

Al mismo tiempo que se iba definiendo el apoyo de los trabajadores al gobierno, también iba creciendo la resistencia de los sectores patronales a su política social.

En junio de 1945, 321 entidades empresarias de todo el país, representativas de la industria y del comercio, elevaban un memorando al presidente y publicaban un manifiesto del sector.

Señalaban la alarma producida por el proyecto salarial mínimo, vital y móvil, aumento de salarios y participación en las ganancias; preocupadas también por “la intranquilidad creciente de un ambiente de agitación social, que venía a malograr la disciplina y pujante eficiencia del esfuerzo productor y cuya gravedad hallaba origen en el constante impulso que se deparaba desde dependencias oficiales”.

Este documento significaba una virtual declaración de guerra contra el gobierno y, en particular, contra Perón y la secretaría de Trabajo y Previsión. A esta ofensiva, se sumarían vastos sectores de la clase media, principalmente estudiantes y profesionales; las organizaciones sindicales aún controladas por socialistas y comunistas, partidos políticos; casi toda la prensa; sectores del Poder Judicial y de las Fuerzas Armadas y, finalmente, desempeñando un activo papel en la coordinación de todos estos elementos, el recién llegado embajador norteamericano Spruille Braden.

Para la oposición, Braden era un aliado que recalaba en la Argentina para dirigir la operación definitiva contra el “totalitarismo” y el “nazismo vernáculo”.

Pero, detrás de sus invocaciones a la “democracia”, el representante norteamericano no ocultaba su propósito de tutelar determinados intereses, buscando imponer un gobierno dócil a los negocios planeados por Estados Unidos para la posguerra, tales como la posibilidad de que las líneas aéreas norteamericanas pudieran explotar comercialmente el mercado interno argentino.

Evidentemente, Estados Unidos, que emergía de la Segunda Guerra Mundial como potencia hegemónica dentro del bloque occidental, disputaba, a la ya declinante Inglaterra, la influencia que, hasta entonces, ésta había mantenido en el Cono Sur.

En septiembre de 1945, la oposición organizaba la ‘Marcha de la Constitución y la Libertad”, reclamando el fin del gobierno militar y su manejo provisional por la Corte Suprema. La acometida de la oposición ganó cuerpo en un sector de los cuadros militares que, por otra parte, estaban descontentos con el grado de poder alcanzado por Perón.

El 8 de octubre, el general Eduardo Avalos, jefe de la guarnición militar Campo de Mayo, notificaba a Perón que había renunciado a sus cargos ya que no contaba con el apoyo de las fuerzas armadas.

La rebelión militar triunfante decidió la detención de Perón y su internación en la Isla Martín García, mientras una junta de militares se apersonaba a Farrell para la formación de un nuevo gabinete.

La falta de una conexión directa entre la oposición y los militares contribuyó al reagrupamiento de las fuerzas favorables a Perón, ya que la oposición desconfiaba de los militares y no perdía oportunidad de repudiar su gestión. Ello favoreció el grupo partidario de Perón, que tenía su representante principal en el propio presidente Farrell, quien maniobró hasta último momento para conservar la hegemonía en el gobierno.

Por su parte, los cuadros sindicales adictos a Perón y la propia masa de trabajadores, se movilizaron agrupándose, el 17 de Octubre de 1945, en la Plaza de Mayo, luego de converger desde los suburbios capitalinos y de las zonas aledañas a la provincia de Buenos Aires. Allí, por medio de una huelga general que se extendía por todas partes, reclamaban la presencia de Perón.

Lograda ese mismo día la liberación de Perón, el discurso de éste pronunciado por la noche desde los balcones de la Casa Rosada, preanunciaba su plan electoral, que contemplaba la renuncia a los cargos en el gobierno para aspirar a la candidatura presidencial. La convocatoria a elecciones cerraba la última etapa de la revolución de junio.