Ley de Boleta Única en Santa Fe: ¿Fin de la militancia o fin del negocio?

Luego de la aprobación del proyecto de ley presentado por el diputado provincial del ARI, Pablo Javkin, que sanciona el sistema electoral de boleta única en lo que hace al territorio de nuestra provincia, se han escuchado innumerables comentarios acerca de avances o retrocesos desde el punto de vista cívico que podría significar la puesta en práctica de la misma.

Una de las ideas más escuchadas en el último mes fue que la ley en cuestión significaba el certificado de defunción de la militancia, en una palabra de la política, porque la política sin militancia equivaldría a cercenarle la cabeza a un cuerpo humano y pretender que siga vivo. Un reconocido dirigente rosarino del kirchnerismo, días pasados, en una entrevista declaró: “Se desprecia la militancia desde sectores que no construyen militancia. El voto es una herramienta de discusión para los militantes que sostenemos el diálogo mano a mano con la gente”. Esta afirmación sin lugar a dudas no carece de verdad. El voto, por décadas, no solo fue un instrumento ideal para conocer las prioridades y necesidades del vecino, mediante una palabra amiga que se identificaba con su realidad, sino fue el símbolo máximo de la ciudadanía. Ir a votar era un acto ritual que se llevaba a cabo con alegría. Un sentimiento de querencia inundaba el alma del argentino, que con orgullo se reconocía parte de ese sitio que siempre estuvo allí y lo cobijó; la patria. Ir a votar era practicamente un deber patriótico. Así lo enseñaba la escuela y así se transmitía de generación en generación. Evidentemente era un granito de arena en un desierto, se sabía que con un voto no se iba a cambiar el país, pero el ciudadano común esperaba con ansia el momento de la elección porque lo hacía sentirse útil, lo hacía sentirse, en una palabra, ciudadano.

Más tarde llegaron períodos de oscuridad en la Argentina que instalaron una idea totalmente contraria: el voto no servía. Y no servía porque desde las esferas de poder se pensaba que la gente no sabía votar, por eso como decía el beodo Galtieri las urnas debían estar guardadas hasta que la sociedad aprendiera a hacerlo, aprendiera a vivir en armonía. Una armonía acorde a un modelo societal jerárquico, excluyente. Esa era la creencia que imperaba en los inconstitucionales gobiernos de la época.

Luego, con el retorno del sistema democrático, el voto recuperó validez. Con la democracia -decía cierto presidente- se comía, se educaba y se curaba. La democracia todo lo podía, y el voto era su mayor expresión. Pero este encanto de cuento de hadas duró lo que dura la primavera, y tras agudas crisis económicas y sociales y la impericia de la clase dirigente para poner en práctica políticas de estado que generasen credibilidad y confianza en el electorado, el voto“dejó de servir” nuevamente. Ya no según la cosmovisión de regímenes de facto que nunca aprobaron las instituciones, sino según el propio pensamiento del común de la gente que no se sentía representada en absoluto. Esta idea se fue incubando en la década del ochenta, tomó forma en los noventa y explotó de rabia en la última respiración de aquél fatídico 2001.

Con este panorama, fue ganando terreno la figura del operador político barrial, o puntero, encargado junto a sus acólitos de “convencer” al votante, para lo cual cualquier mecanismo era de utilidad. Existía un sano instinto militante, desde luego, pero quedaba relegado frente al clientelismo traducido en dádivas y compra de votos de algunos que se enriquecían sobremanera al amparo de la legislación electoral vigente, lógica a la que no escapaba la provincia de Santa Fe.

Verdaderos ejércitos de individuos solventados en su mayoría con fondos de dudosa procedencia, constituían la tan defendida “militancia”. Esto, desde ya, no era algo que estuviera al alcance de todos los partidos. Solo los que disponían del caudal de dinero necesario para destinar a estas prácticas poco éticas, se favorecían.

Según sus detractores, la flamante ley electoral santafesina va en ayuda de candidatos potentados, principalemente empresarios sin carrera en la política, como por ejemplo Francisco De Narváes. Haciendo memoria, en el viejo sistema nada impedía que esto ocurriera.

En los años noventa, deportistas, cantantes y estrellas del mundo del espectáculo, de la noche a la mañana pasaron a dominar la escena pública y a gobernar provincias. ¿Qué pasado militante tenían estos personajes? Ninguno. Es más, tampoco construían militancia. Acá en Rosario, para ser ilustrativos, la Departamental del Partido Justicialista fue cerrada sin motivo alguno.

Específicamente, en lo que respecta al acto del sufragio, pasó a formar parte del folclore la imagen de grandes vehículos transportando a la tropa de fiscales el día del comicio, e inclusive llevando a personas a cumplir con el mencionado derecho constitucional. Aquellos partidos políticos pequeños con escasos recursos no podían competir contra estos aparatos, poderosas máquinas electorales, que con “soldados de la militancia” apostados en cada mesa de votación “controlaban la elección”, recurriendo al hurto de boletas o al voto cadena, entre otras artimañas.

Buena cantidad del dinero destinado a cubrir los “gastos de la militancia”, provenía de los aportes estatales a la impresión de boletas, acción que hasta ahora corría por cuenta de los partidos o frentes. Lo que sucedía, era que estos en lugar de mandar confeccionar el número de papeletas estipuladas, imprimían menos, orientándose el excedente a costear campañas políticas.

La militancia, es una noble labor de entrega; de entrega a la causa y al ideal pero antes que nada a la sociedad. Una obra evangelizadora sin Dios, porque el militante es en última instancia un predicador de una religión sin vida eterna, un credo terrenal, un dogma cívico; una doctrina, por más que en incontables ocasiones se haya y se siga manchando el espíritu de su letra.

En sintesís, la militancia es un trabajo social, un trabajo en definitiva, y como tal no es incorrecto percibir algún tipo de remuneración por los servicios prestados a la causa social. El problema, es cuando la justa retribución se convierte en un negocio. Claro que la causa está presente -o debería estarlo- los trescientos sesenta y cinco días del año y no solo las jornadas de votación, como la entienden una gran cantidad de dirigentes políticos a distintos niveles de construcción. Este pensamiento que genera gracia al oído con solo escucharlo, y pareciera deudor de un fino alarde de ironía es -o debería serlo- la norma que rige la vida militante. La remuneración en cuestión o estipendio, no es desatinada, siempre y cuando vaya en apoyo de una carrera militante anclada en el mérito y la ética como valores primordiales.

La Ley de Boleta Única, seguramente no es la mejor normativa que alguna vez haya imaginado el hombre, conteniendo puntos que en un futuro podrán ser objeto de revisión. Sin embargo, no deja de representar un avance cualitativo muy importante. La Ley 8.871, más conocida como Ley Sáenz Peña, que sancionó el voto universal, secreto y obligatorio; fue promovida por los conservadores y dejó innumerables cuestiones por resolver, como por ejemplo el voto femenino (más tarde aprobado bajo el influjo del peronismo), pero innegablemente significó un avance en su época. Se creía que no iba a servir, porque no se consideraba a la población capacitada para sufragar. El tiempo afirmó lo contrario.

Los preceptos que rigen el comportamiento institucional de una nación, deben ser analizados en el contexto histórico en el que fueron promulgados. Es un ejercicio mental de muy fácil realización, recurrir al ideal para criticar una u otra iniciativa. Ahora, lo importante es estudiar que cambios (positivos o negativos), conlleva en parangón con el estado de situación precedente. La “Ley Javkin”, llamémosla de este modo, porque así quedará grabada en la memoria de los santafesinos, implica un avance sustancial en lo correspondiente a la calidad y transparencia de los comicios; haciendo economía de palabras, a las instituciones.