El escándalo Odebrecht: Una podredumbre política de imprevisibles consecuencias

En el oscuro inframundo político de Brasil los corazones de ministros, senadores, diputados, gobernadores, intendentes e incluso y fundamentalmente ex presidentes que aún permanecen en este mundo-, estuvieron y están sufriendo de taquicardia.

Es que estaban contando los días, las horas, minutos y segundos a la espera de la mortal “lista del juez de la Corte Edson Fachin” en la que figuran denunciados por recibir “donaciones” irregulares de parte de la empresa Odebrecht, el holding que “devolvía” favores derivados de presuntas sobrefacturaciones sobre obras para Petrobras, conocidas como Lava jato.

Se calculan en 6.400 millones de dólares los desviados de Petrobras con destino a funcionarios de varios países.
El presidente brasilero Michel Temer, quien maneja un gobierno en estado de shock, tuvo que salir en las últimas horas a señalar que “el país no puede quedar paralizado” luego de ver que sus antecesores, desde el final de la dictadura, han sido imputados en distinto grado.

Nominados

De esta manera, José Sarney (PMDB), que presidió Brasil entre 1985 y 1990, gobernador de Maranhao y tres veces presidente de la Cámara de Senadores; Fernando Collo de Melo (PLC), ex presidente entre 1990 y 1992 y ex gobernador de Alagoas –actual senador-, que debió renunciar tras un proceso destituyente por ser denunciado de corrupción; Fernando Cardozo (PSDB), quien presidió el país entre 1995 y 2002 y fue ministro de Hacienda y de Relaciones Internacionales con Itamar Franco; Lula da Silva (PT), ex presidente entre 2003 y 2010 que carga sobre sus espaldas cinco procesos penales relacionadas mayormente con el escándalo Petrobras y Dilma Rousseff (PT), ex presidente en el lapso 2011 a 2016, destituida por irregularidades presupuestarias, forman parte de la demoledora “lista Fachin”.

A ese detalle de incriminados hay que agregar a dos jefes del Congreso Nacional: Eunicio de Olivera y Rodrigo Maia, quienes conducen la Cámara de Senadores y la de Diputados, respectivamente, junto a cuatro funcionarios del equipo ministerial de Temer, cuyo gobierno quedaría devastado.

Se trata del jefe de gabinete Eliseu Padilha; Wellington Moreira Franco, ministro de la Secretaría General de la Presidencia; el canciller Aloyso Nunes Ferreira y el titular de Agricultura Blairo Maggi.

Un total de 24 senadores y 39 diputados y funcionarios sociodemócratas –con el mayor número de investigados-, así como el candidato presidencial renunciado José Serra (2010), que completan un total de 108 incriminados, forman parte de la demoledora denuncia de sospechosos de corrupción, lavado de dinero y tomadores de dinero para sus respectivas campañas políticas o simplemente para, presuntamente, metérselas en el bolsillo, según surge de 78 delaciones premiadas de ex ejecutivos de la compañía, incluido el dueño Emilio Odebrecht y su hijo pródigo Marcelo.

Temer se salvó porque la pelota pegó en el palo: La Constitución de Brasil señala que no puede ser procesado por delitos cometidos con anterioridad a su mandato.

La “septicemia” política que afecta a Brasil –según opinan los comentaristas brasileños-, pueden conducir, sin paradas intermedias, según el propio Temer a “la descomposición total de los tres poderes del Estado Nacional en Brasil, los que muestran síntomas de paralización” y de desesperación, ya que el pasado martes el Parlamento quedó vacío y leyes de tratamiento urgente como la previsional y laboral quedaron suspendidas “hasta que mejore el clima legislativo”, luego de la estocada política sufrida.

Pedido de justicia

Vale recordar, a vuelo de pájaro, -debido a que las resultantes de las investigaciones ser tapan unas a otras-, que la diputada Elisa Carrrió, me dicen, concretó una presentación judicial sobre los movimientos de un brasilero que admitió haber pagado coimas.

En su pedido a la justicia, de 10 páginas, Carrió apuntó a siete ingresos y egresos de nuestro país de Carlos Alexandre de Souza Rocha. Alias “Ceará”, quien en 2009 cruzó la frontera nacional 9 veces al menos y estarían registrados sus horarios de entrada y salida del país por vía terrestre, obviamente con valijas.

Entre sus presuntas entregas de coimas estaría siendo investigada la obra de soterramiento del tren Sarmiento y sus potenciales relaciones con el Ministerio de Planificación a través de un lobista, ex de Susana Giménez.

Souza Rocha reside en Camboriú y habría ingresado por los pasos fronterizos de Tancredo Neves y la zona franca de Iguazú por donde se habrían “filtrado” unos 35 millones de dólares.

Una de las empresas involucradas en Argentina sería una dedicada al transporte de energía y consultora. Numerosos involucrados en las maniobras apuntadas en Argentina y por ello no sería extraño que se generaran problemas políticos de envergadura en la provincia de Buenos Aires cuando trasciendan los nombres.
En Argentina los beneficios para Odebrecht habrían alcanzado a 278 millones de dólares y, vale apuntarlo, ya el ex funcionario ingeniero agrimensor Ricardo Jaime admitió oportunamente el cobro de sobornos.

«Donaciones» ilegales

El heredero del imperio Marcelo Odebrecht reconoció ante la justicia electoral de Brasil que realizó donaciones ilegales a la caja de recaudación de la fórmula Rousseff-Temer en 2014 y fue condenado a 19 años de prisión. En una declaración que duró más de cuatro horas admitió haber creado un departamento especial para llevar la contabilidad paralela, relacionada con pagos, al menos, a políticos de 12 países, entre los que está Argentina.
El diario O Estado de Sao Paulo dio a conocer que 4.500.000 dólares fueron girados mediante la “Caja 2” al publicista Joao Santana, quien espera una condena en libertad, el que habría admitido la recepción del dinero.
La causa Lava Jato golpeó políticamente a presidente colombiano Juan Manuel Santos, en razón que la fiscalía General de Colombia denunció la implicación de Santos a través de su titular Néstor Humberto Martínez.
A la fiscalía le habría aportado información el congresista Otto Bola, quien fue considerado como “el garganta profunda” del caso en Colombia, quien señaló que un millón de dólares del total fue utilizado en la campaña de Santos, a la vez que habló sobre el recorrido del dinero, mencionando a China y Panamá.
Otras versiones indican que el principal rival de Santos, Oscar Zuloaga también está siendo investigado en la causa Lava Jato y que el escándalo se regionalizó a partir de que el Departamento de Justicia norteamericano indicó que en diciembre de 2016, la firma constructora que nos ocupa pagó coimas en 12 naciones para obtener contratos.

Odebrecht admitió que pagó 1.000 millones de dólares a funcionarios de varios países, incluido Argentina, pero el detalle de las coimas lo contaremos en la próxima columna.