Objetan millonario acuerdo entre el Gobierno y el Correo
Es por una deuda de la empresa cuando le pertenecía al grupo de Franco Macri. Para la fiscal que interviene en la tema, es abusivo e implica una condonación de la deuda
Franco Macri tiene un viejo anhelo: acordar con el Estado y cerrar el concurso preventivo que el Correo Argentino arrastra desde 2001. Tras varias negativas, con el arribo del gobierno de Cambiemos, liderado por Mauricio Macri, dio un gran paso para lograrlo en junio pasado.
Sin embargo, ahora, la Fiscalía General en lo Comercial quiere ponerle un freno. Consideró que el posible acuerdo sería «abusivo», ya que, en la práctica, implicaría «una condonación de la deuda» por más de $ 4277 millones, según surge de los registros judiciales que obtuvo el diario La Nación.
La fiscal Gabriela Boquin planteó la objeción al acuerdo al recomendar a la Cámara que lo rechace. Además, notificó lo ocurrido a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para que investigue si hubo irregularidades y si amerita radicarse una denuncia penal. Boquin llegó a esa conclusión tras verificar que, durante años, los abogados del Estado rechazaron las propuestas del Correo -una empresa del grupo Macri- «por implicar más una licuación del pasivo que una verdadera propuesta de pago».
En el Ministerio de Comunicaciones defendieron su decisión. «Con el concurso, la deuda que mantenía el viejo Correo con el Estado se había congelado y se iba licuando por inflación. Por eso se tomó la decisión de tratar de cerrar la discusión y de recuperar algo de dinero. Porque $ 300 millones era una fortuna en 2001, pero cada día que pasa lo será cada vez menos», señalaron.
El argumento de la fiscal agrega que la posición del Gobierno de rechazar el acuerdo cambió por completo a mediados de 2016, cuando un funcionario del Ministerio de Comunicaciones que no sería competente terminó por aceptar «una propuesta que no analizó técnicamente y resulta abusiva, irrazonable y ruinosa para los intereses de la comunidad».
El planteo de la fiscal Boquin (que no pertenece a la agrupación kirchnerista Justicia Legítima, como se insinuó en algunas redes sociales oficialistas), a su vez, chocó con los argumentos de los abogados de Macri y del Gobierno. Según los letrados del viejo Correo, su nueva propuesta implica una «mejora muy notoria» con respecto a sus ofertas anteriores que presentaron en octubre y noviembre de 2014. No sólo eso, mediante un escrito que presentaron en Tribunales recordaron que su propuesta se aceleraría si la empresa recibe algún pago o resarcimiento «por los activos sustraídos por el Estado nacional» con la quita de la concesión durante el kirchnerismo, lo que ya reclaman mediante varios juicios por los supuestos daños y perjuicios (de lo que se informa más abajo).
Ahora, la Cámara de Apelaciones en lo Comercial será la que deberá resolver si rechaza el acuerdo tentativo alcanzado entre el Correo y el Estado, o si por el contrario comparte el criterio de la jueza de primera instancia -que ya había rechazado la propuesta anterior- y de la fiscal Boquín.
A lo largo de un dictamen de 64 carillas, más una ampliación posterior, Boquín expuso varias objeciones al eventual acuerdo, que consideró que perjudicaría «gravemente el patrimonio del Estado nacional», y sería en beneficio de los Macri, ya que esa familia, recordó, «detenta la totalidad del capital accionario de Socma Americana SA, controlante de Sideco Americana SA, quien a su vez posee el control accionario de Correo Argentino SA».
La fiscal apoyó su dictamen en un análisis de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero de las Investigaciones (DAFI) del Ministerio Público, que estimó que la deuda original ascendía en 2001, en plena convertibilidad, a los 292,8 millones de pesos o dólares. Más aun, la quita real, de aceptarse la propuesta del Correo, rondaría el 98,8% y eso implicaría convalidar, en la práctica, una quita de $ 4277,6 millones a valor presente, o de $ 70.163,9 millones a marzo de 2033, cuando se terminaría de pagar la última cuota de ese acuerdo, según surge del dictamen técnico cuya copia obtuvo el diario LA NACION.
¿Cómo se llegaría a esa cifra? Según los técnicos de la DAFI, debería computarse que la deuda original fue durante el régimen de la convertibilidad entre el peso y el dólar, a lo cual luego debe calcularse el «valor presente del saldo de la quita», y a eso aplicarse la tasa activa de interés del Banco Nación hasta la fecha en que se concretaría el último pago cancelatorio. Es decir, marzo de 2033.
Sin embargo, la defensa del viejo Correo remarcó ante la Justicia que la nueva propuesta es mucho mejor que las anteriores. Primero ofrecieron devolver el 80% de la deuda en 26 cuotas anuales (con 5 años de espera) y luego acortaron ese plazo a 21 cuotas (con un año de espera) y 5% de interés anual, para por último fijarlo en 15 cuotas anuales con una tasa de interés del 7% anual.
APOYO DE LOS SÍNDICOS
En el Ministerio de Comunicaciones, en tanto, también recordaron que todos los síndicos involucrados en el concurso convalidaron el eventual acuerdo entre el Estado y la empresa de los Macri (de lo que se informa por separado), al mismo tiempo que destacaron que existen juicios cruzados que podrían conllevar mayores problemas.
Para la fiscal Boquín, no obstante, antes debe verificarse si el funcionario del Ministerio de Comunicaciones que selló el acuerdo estaba facultado para tomar esa decisión. Para ella, no lo sería. Por el contrario, encaró la negociación «sin competencia para hacerlo y sin acreditar de quién recibió instrucciones ni en el acto administrativo que se las impuso».
A eso se suma, planteó, que «la propuesta [del Correo] fue aceptada por un funcionario público que encuentra enmarcada su actuación por una cadena de dependencias jerárquicas que lo vinculan a la máxima autoridad de la administración pública nacional», por lo que debió haber mediado una «opinión consultiva de la Oficina Anticorrupción o bien, a la Comisión de Ética Pública».
QUÉ DICEN DEL LADO DE LOS MACRI
Tanto los abogados de los Macri en el viejo Correo Argentino como desde el Ministerio de Comunicaciones defienden el acuerdo al que arribaron en junio pasado y que ahora objeta la fiscal general en lo Comercial, Gabriela Boquin. Consideran que es la mejor opción posible, para terminar con un pleito que lleva 16 años y evitar, afirman, la licuación de la deuda.
«El crédito del Estado verificado en la Justicia en abril de 2003, en el concurso de acreedores de Correo Argentino, es de $ 296.105.376,49», detallaron junto al ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad. «Ese es el monto sobre el cual se celebró el acuerdo de acreedores en el marco del concurso», insistieron, en contraste con los $ 4277,6 millones de «valor presente» que utilizó la fiscal.
Junto a Aguad indicaron que «el acuerdo se realizó en el marco de una audiencia pública de máxima transparencia en la Justicia con la presencia de dos camaristas, síndicos controlantes, verificantes y generales», en junio de 2016. «Todos los síndicos -abundaron-, que tienen por deber cuidar a los acreedores, de modo expreso consideraron especialmente los beneficios del acuerdo y prestaron su conformidad». En efecto, según surge del acta de la audiencia judicial del 28 de junio pasado, la sindicatura «general» planteó minutos después de escuchar la oferta de los abogados del Correo que la mejora le parecía «significativa» con respecto a las anteriores, que la consideraba «apropiada» y que no tenía «objeciones».
La sindicatura «verificante» se limitó a señalar que no tenía «objeciones que realizar respecto de la aludida mejora», en tanto que la tercera sindicatura, la «controladora», consideró que la nueva oferta implicaba «una mayor y positiva diferencia para el acreedor Estado nacional por lo que la consideró aceptable». En tanto, para la defensa del Correo -de los Macri-, la nueva mejora resulta «muy notoria», tanto por la reducción de 26 a 15 años de repago de la deuda, el aumento en la tasa que se adicionará, más la posibilidad de pagos anticipados si la empresa cobrara alguno de los juicios que le inició al Estado.
Sin embargo, Boquin disintió con los abogados del Correo y rechazó el consentimiento del Gobierno a la propuesta. Por un lado, porque estimó que tanto la anterior propuesta de la empresa como la nueva «no difieren sustancialmente en términos económicos», por lo que ambas resultaban «abusivas». Además porque consideró que la aceptación del Ministerio de Comunicaciones resultó «arbitraria e irrazonable, pues no cuenta con fundamentación suficiente que amerite evaluar el cambio de la decisión estratégica del Estado, además de carecer de un soporte técnico que lo avale».
Junto a Aguad esgrimieron otra visión. Indicaron que decidieron buscar un acuerdo «para evitar la progresiva descapitalización de la acreencia que tenía el Estado sobre el Correo, para así tratar de recuperar al menos algo del dinero en un contexto inflacionario». A ese mismo argumento, sin embargo, recurrió la fiscal Boquín para objetar el acuerdo, tras recordar que de aprobarse extendería los pagos hasta el año 2033 con una tasa de interés del 7%, por debajo de la inflación actual. «El costo de oportunidad del dinero puede calcularse según el interés que devengaría si ese dinero hubiese estado invertido por el beneficiario», recordó. Por ejemplo, en un plazo fijo, que hoy rinde cerca del 17 por ciento. «Otro factor a tener en cuenta -añadió- es la licuación del capital que se produce por la desvalorización de la moneda durante un lapso prolongado».
