La Municipalidad de Rosario abre el registro laboral para personas trans
Los interesados deben tener más de 18 años, y poseer domicilio en la ciudad de Rosario. La inscripción está abierta hasta el 10 de marzo de 2017 inclusive
La Municipalidad lanzó la apertura del Registro Unico de Aspirantes (RUA) para travestis, transexuales y transgénero. La inscripción está contemplada en la ordenanza de cupo laboral trans aprobada en mayo del año pasado por el Concejo. Con estos datos, se seleccionará a cinco personas que entrarán a trabajar en el municipio. Las organizaciones de diversidad que impulsaron la normativa celebraron su puesta en marcha. Señalaron, sin embargo, que los requisitos para el registro contradicen la norma al pedir un certificado de buena conducta. Recordaron que durante años el travestismo y la prostitución estaban contemplados en el Código de Faltas. Esos antecedentes impedirían el acceso al beneficio.
La aprobación de la leyes de identidad de género y de matrimonio igualitario cambió el escenario de reivindicaciones de las organizaciones de la diversidad sexual. El acceso real al trabajo para la población trans se volvió una de las banderas que se levantan en pos de ampliar derechos. Rosario, en ese sentido, es pionera.
El Concejo aprobó una ordenanza, la primera en el país a nivel municipal, que indica que el municipio deberá incorporar anualmente a cinco travestis, transexuales o transgénero. El lanzamiento del RUA que se anunció ayer es el primer paso para la incorporación laboral del colectivo. Las organizaciones locales celebraron su puesta en marcha. «Por suerte hay voluntad política para avanzar. Somos una comunidad históricamente vulnerada y merecemos el cupo», consideró Jackie Romero, referente de la Red Diversa Positiva.
Fátima Rodríguez Lara, de Mesa Trans, destacó: «Esta es una gran deuda del Estado y un paso que estamos dando por nuestros derechos».
REPAROS
Hubo algunas objeciones. El foco estuvo puesto en que, entre los requisitos mínimos y excluyentes para la inscripción, se encuentra la presentación de un certificado de buena conducta otorgado por la policía. Las referentes consultadas por este medio, que también trabajaron en la elaboración de la ordenanza y acompañan al Estado en su puesta en marcha, remarcaron que ese punto va en contra de la realidad de la población a la que está dirigida, desconociendo la aplicación de varios artículos ya derogados del Código de Faltas contra la «prostitución escandalosa, el travestismo y la ofensa al pudor».
«Con esto se pierde el espíritu inclusivo de la ordenanza. Muchas personas van a quedar por fuera. La policía es una de las principales instituciones que nos persiguió y criminalizó. Casi todas tienen algún tipo de antecedente y el certificado de buena conducta no distingue eso», explicó Michelle Mendoza, referente del Movimiento Evita Diversidad. Destacó además que ese requisito va en contra de la normativa local. El artículo 7 de la ordenanza indica que en la información que se debe solicitar deben estar los antecedentes penales, «exceptuándose aquellos que guarden relación directa o indirecta con el trabajo sexual de los/las interesadas».
«El requisito es contradictorio. Va a ser inútil presentarse a concurso sabiendo que no te van a tomar. La falta de reglamentación del trabajo sexual y los edictos policiales hicieron que tengamos antecedentes como cualquier delincuente», explicó Romero. Y adelantó que se está evaluando la posibilidad de presentar una declaración jurada para poder obviar ese punto. «Lo ideal sería poder decir si los únicos antecedentes son por trabajo sexual».
Rodríguez Lara se sumó a las objeciones. «Las travestis y transexuales hace pocos años que podemos caminar libremente por la calle. Yo durante mucho tiempo no pude hacerlo. Por travestirme me han retenido en las comisarías. Por eso no me darán un certificado de buena conducta. Que lo pidan esto es muy evasivo y prácticamente ninguna va a poder acceder al registro».
EN LA LEGISLATURA
La legislatura provincial también avanza en la aprobación del cupo laboral trans. El paso es más bien lento: el primer proyecto fue presentado por el diputado Leandro Busatto en 2012. Y luego se le sumaron otros dos: uno presentado por Carlos Del Frade y otro por los socialistas Silvia Augsburger y Rubén Giustiniani. La comisión de Derechos y Garantías dio un dictamen favorable sobre la base de estos proyectos a fines del año pasado. Ahora, queda el turno de la comisión de Asuntos Laborales y, si todo sale bien, llegar al recinto para su aprobación. (La Capital)