Procesan a exjefe comunal de Villada por administración fraudulenta
A José Luis Giuliani se le imputa ser coautor del delito y alcanza a otros dos miembros del gobierno que ya fallecieron.
Por Gustavo Orellano / La Capital
Después de seis años de haber sido denunciado por presuntas irregularidades cometidas durante su última gestión, la Justicia proceso al ex jefe comunal de Villada José Luis Giuliani, como coautor del delito de administración fraudulenta.
La presentación había sido realizada, como dio cuenta LaCapital, en octubre de 2010 por su sucesor y aún actual mandatario local, Ramiro Hernández, ante la Fiscalía de Melincué tras una auditoría contable que arrojó como resultado una serie de anormalidades vinculadas, fundamentalmente, con el destino de fondos propios como de los provenientes de la provincia y la Nación.
La medida fue dispuesta hace un tiempo, aunque recién trascendió ahora, por el entonces juez de sentencia de primera instancia en lo penal de Melincué, Daniel Curik, y que alcanza también a otros miembros, ya fallecidos, del gobierno que condujo Giuliani (PJ) en el período 2007-2009, se sustenta fundamentalmente en desmanejos surgidos en la contratación de una obra para la construcción y la colocación de 50 tapas (lápidas) de mármol en el cementerio de Villada, una localidad de unos dos mil habitantes, ubicada a 12 kilómetros de la ciudad de Firmat .
La reprochada acción consistió en otorgar los trabajos a una firma que presentó el presupuesto más alto aunque finalmente no contrató a un tercero que facturó a la comuna otro empresa un importe aún mayor.
Para el magistrado «no resulta irrazonable dar por cierto en el estado intelectivo que se exige en esta etapa procesal que el entuerto en el que incurrieron escondía una simulación para favorecer a un tercero ajeno a los presupuestos considerados y perjudicar a la comuna mediante la asunción de una deuda superior al precio que seguramente, mediante el debido proceso de contratación, no se hubiese autorizado».
En esa línea achacó que «desde la función para la cual fueron electos por medio del voto popular está claro que los enjuiciados debían custodiar los intereses de la administración comunal y parte de (ello) exigía no sólo analizar los antecedentes de las personas con quienes se contrataba sino además llevar adelante la contratación en función a lo que se encontraba legalmente autorizado, respetando los presupuestos asignados y analizados en el proceso de asignación de los servicios. De lo contrario, una operación fuera de tales parámetros, permite razonablemente sospechar que existió una maniobra fraudulenta entre los involucrados».
El juez justificó su fallo al reunir «suficientes elementos de convicción para estimar la probable responsabilidad penal del acusado en el hecho imputado, tanto a la autoría como a la calificación delictual».
La resolución judicial también refiere a cuestionamientos sobre el manejo de otros fondos y conductas que también fueron planteadas en la denuncia como presuntos delitos de malversación de causales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionario.
Si bien el magistrado advierte sobre la posibilidad que tales planteos penales hayan prescripto por cuestiones de tiempo dejó la puerta abierta para que el Ministerio Público Fiscal considere «si corresponde ampliar el requerimiento de instrucción y eventual imputación y/o investigación por los referidos hechos».
Se trata de irregularidades que también fueron detectadas por la auditoría contable en relación al destino de partidas provenientes del Fondo Federal Solidario así como del Fondo de Asistencia Educativa (FAE), la tasa asistencial del Samco local y la cooperadora policial además de la venta directa de terrenos comunales.
«No era un invento». Sobre el fallo judicial Hernández dijo ayer a este diario que «demuestra que la denuncia realizada en su momento no era un invento ni una especulación político, sino que estaba fundada a partir de evidencias concretas».
No obstante lamentó la falta de celeridad de la Justicia al sostener que esperaba «mayor rapidez» en la resolución judicial y consideró que «todo hubiese sido diferente de haber estado en funcionamiento, en ese entonces, el nuevo sistema de enjuiciamiento penal que fue implementado en la provincia y que posibilitó agilizar el proceso». (Gustavo Orellano / La Capital)
