Insólito perdón de una millonaria deuda al concesionario del puerto
Un perdón fiscal de más de siete millones de pesos que no tiene justificación. Eso es lo que el gobierno provincial tendrá que explicar en la Legislatura después de que la Administración Provincial de Impuestos (API) embargara las cuentas del concesionario del puerto de Rosario para exigir el pago de una deuda impositiva y a los pocos días sustituyera ese reclamo por otro sustancialmente menor y levantara todos los embargos, aparentemente tras un acuerdo extrajudicial que no figura en el expediente.
La demanda original era por el cobro del impuesto de sellos adeudado por Terminal Puerto Rosario (TPR) por $9.184.919,61, que luego fue parcialmente sustituido por $1.410.738,22, lo que representa $7.774.181,39 menos de lo intimado.
El tema fue revelado por el diputado provincial Marcelo Gastaldi, quien ayer presentó un pedido de informes y citó al ministro de Hacienda de la provincia, Angel Sciara, a explicar estas negociaciones.
El expediente que contiene las actuaciones de la API se tramita en el Juzgado de Primera Instancia de Distrito en lo Civil y Comercial de la 13ª Nominación de Rosario, y está caratulado «API c/ Terminal Puerto Rosario S.A. y Salazar, Jorge Guillermo Pablo s/Medida Cautelar» (expte. nº 1383/08).
La saga, paso a paso. En principio, el 28 de mayo de 2008 la API Rosario intimó a TPR al pago de impuestos de sellos —más sus respectivos intereses punitorios— por $8.327.385,55, debido a que la empresa no tributó oportunamente el gravamen correspondiente al contrato de concesión.
En segundo término, el 11 de noviembre de 2008 la API, contestando un recurso presentado por TPR contra la resolución ya citada, dictó otra mediante la cual rechaza el citado recurso e intima a pagar a la empresa concesionaria de una de las terminales del puerto de Rosario $9.184.919,61 (resultante de aplicar los intereses devengados a la anterior resolución).
En tercer lugar, el 18 de diciembre de 2008, y como consecuencia de que TPR no pagó la suma adeudada, la API, a través de su apoderada, Laura Elena Borrás, y con el patrocinio de los abogados de la Fiscalía de Estado Guillermo Peyrano, Analía Colombo y Juan Pablo Cifré, inicia un expediente judicial en el cual solicita y obtiene la traba de una cautelar consistente en el embargo preventivo de cuentas bancarias a TPR y a Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero por la suma de $9.184.919,61, más intereses y costas futuras.
El mismo día, la jueza Giles, en suplencia de la titular a cargo del citado juzgado, resuelve trabar embargo sobre las cuentas de TPR y Jorge Guillermo Pablo Salazar Boero hasta cubrir idéntica suma, más el 30 por ciento en concepto de intereses y costas.
La sorpresa vino el 7 de enero de 2009, cuando la API informa a la jueza que ha aceptado sustituir parcialmente la cautelar ordenada hasta un monto de $1.410.738,22 por un seguro de caución, y suspender provisoriamente la ejecución de la misma en la parte no sustituida.
La saga continúa y el 8 de enero de 2009 el juzgado resuelve sustituir parcialmente la cautelar ordenada por un seguro de caución hasta cubrir la suma de $1.410.738,22; y, además, resuelve el levantamiento de la medida cautelar trabada por la suma de $7.774.181,39.
«Como puede observarse del relato que antecede, surge claramente que la API ha iniciado una medida cautelar por 9.184.919,61 de pesos, que luego fue parcialmente sustituida por 1.410.738,22 de pesos, levantándose los embargos que originalmente se solicitó trabar, hecho que llama poderosamente la atención, ya que ellos representan 7.774.181,39 de pesos menos de lo intimado», remarcó Gastaldi. (l.c)
