Que la politiquería no entorpezca el combate contra el delito

“Por funcionarios como Ganón la calle está llena de delincuentes”, sentenció arteramente el senador radical oriundo de Venado Tuerto Lisandro Enrico en referencia al pedido de remoción por mal desempeño de sus funciones al Defensor General de la Provincia Gabriel Ganón, impulsado por el propio Enrico junto a su par peronista Raúl Gramajo.

Los diputados Norberto Nicotra del PRO y el socialista Oscar Pieroni lo avalaron estamparon sus rúbricas en el pedido de separación de Ganón de su cargo, al margen de que la decisión quede en manos de una mayoría especial en la Legislatura y no de Enrico. Organizaciones sociales, defensoras de los Derechos Humanos y políticos kirchneristas avalaron a Ganón.

Ganón por principios no sólo exageraba la defensa de los delincuentes (que deben contar con la misma en juicio), sino que atacaba alevosamente a la fuerza policial, transformándola en culpable por arrestar a quienes delinquen; mas allá de los excesos – condenables – que pudieran cometer miembros de la institución, para los cuales el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro no usó biromes sin tinta a la hora de sancionarlos.

Enrico hizo notar que Gabriel Ganón con los bloqueos a los procesos que realizó y las instrucciones que dio, “garantizó la impunidad de quienes delinquen, atentan contra la vida y los bienes de los santafesinos”, sosteniendo una mirada “solamente para un sector, cuando la realidad es que hay toda una sociedad afectada, dolida y angustiada por las posiciones que asumió. En definitiva, lo que señala el senador sureñó es que el funcionario en la picota auspició que el sistema no funcione, garantizando con ello la impunidad.

El martes durante tres horas el Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro junto a su par de Justicia Ricardo Silberstein trató de explicarles a diputados de la oposición cuáles son las políticas que el gobierno del Ing. Lifschitz está llevando adelante contra el delito, organizado y desorganizado. Llámese al primero el narcotráfico medianamente orgánico; y a la segunda categoría quienes delinquen para consumir o vender (más allá de lo que podríamos llamar el “raterismo” histórico) descociéndose a tiros en las barriadas, básicamente de Santa Fe y Rosario, sea por territorios o por ajustes de cuentas.

El resultado del “amistoso” encuentro (Pullaro fue compañero de recinto de la mayoría de los presentes hasta el año pasado) fue el esperado: los diputados oficialistas ponderaron las exposiciones, mientras la oposición, con mayor o menor rudeza, las criticaron.

Varias noticias que les dio el Ministro no son ajenas a nuestros lectores, ya que las anticipamos hace unos días, como por ejemplo la compra de patrulleros “inteligentes”, esto es dotados de tecnología de última generación para combatir el delito. Y los “mapas de zonas calientes”; patrullajes en cuadrículas geo referenciadas, entre otros.

Pero también anticipamos lo que el matutino rosarino La Capital reveló este miércoles: la Casa Rosada quiere manejar – con el envío de los gendarmes – a la policía santafesina, en la cual no confía “por corruptos” (la definición es nuestra, de acuerdo con las fuentes consultadas). “Ni locos” se oyó decir en la otra Casa, en este caso la Gris.

Sospechamos que una vez más la interna radical santafesina entre Cambiemos y NEO se coló en la gestión de Lifschitz quien, según se escucha en los amplios y fríos pasillos de Casa de Gobierno “trata de construir puentes (con el gobierno nacional) que otros (¿Corral?) dinamitan”.

En verdad, al macrismo le viene como anillo al dedo que los socios correligionarios le acerquen los explosivos. Para sazonar un poco más el desquicio político que indirectamente usufructúan los delincuentes (en este caso los traficantes de drogas), el senador nacional peronista Omar Perotti se metió en la interna señalando que el Ministro Pullaro “no quiere los gendarmes” en Santa Fe.

Decíamos que tras la marcha ciudadana en Rosario reclamando seguridad y justicia (una similar está prevista para hoy jueves en esta capital) el Gobernador desempolvó siete proyectos para salir al cruce del drama social por la inseguridad, entre los cuales sobresalen la reforma del Código Procesal Penal, y una novedosa norma para incautar bienes de bandas criminales.

Para evitar la impunidad con la que se mueven los delincuentes (el barrial “entran por una puerta y salen por la otra”), se apunta a otorgarle más facultades a los fiscales, endureciendo la prisión preventiva y limitando los juicios abreviados. Además, acelera el procedimiento penal evitando audiencias que hacen más lento el trámite. También la designación subsidiaria de fiscales y defensores generales y regionales.

Todo es bienvenido, pero si no se ataca el mal de raíz: la pobreza, con su hermana dilecta la marginalidad y la falta de perspectiva de vida de esos seres humanos que, como bien lo definiera el periodista porteño Martín Ciccioli “no sólo que no lo temen a la policía, sino a la misma muerte”, porque se consideran muertos sociales, todo lo que se emprenda en materia de seguridad será vacuo.

Y como se preguntara de manera angustiante otro colega, Luis Osvaldo Cherep: ¿cómo reclamamos, desde los sectores medios, con que autoridad moral, reclamamos mayores acciones contra el narcotráfico, si es en nuestro seno, si es en el corazón de los sectores “pudientes” donde existe la mayor demanda de drogas?”