La inseguridad en el ojo de la tormenta institucional
La justicia santafesina está sensible; siente que le sacaron la campana de cristal que recubría el tabernáculo que la separa del resto de los mortales.
Primero fue la revelación de los sueldos que perciben los integrantes de la Corte Suprema que rozan los 300 mil pesos mensuales (sin tributar el Impuesto a las Ganancias); para luego enfrascarse en una lucha sin cuartel con el apasionado Ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien puso en tela de juicio el accionar de la “Señora de los ojos vendados” al momento de liberar detenidos, lo cual provocó que el mismísimo Presidente de la Corte Rafael Gutiérrez desbarrancara sintácticamente al referirse de manera peyorativa a Pullaro, adjetivándolo como “este muchacho”, que “no sabe donde está sentado”.
De la misma manera que el Vicegobernador Fascendini cuando calificó de “banda” al sector radical universitario, el Dr. Gutiérrez dijo a micrófono abierto lo que se comenta en un asado entre amigos. Ambos fueron imprudentes en sus declaraciones; salvo que las mismas fueran premeditadas, lo que eleva el grado del conflicto, político en un caso, e institucional en el otro.
Maximiliano Pullaro, acorralado por la creciente ola de inseguridad – en parte quizás azuzada por la propia policía que se resiste a los cambios – apuntó hacia “la justicia” que con llamativa laxitud concede excarcelaciones; tópico advertido hace ya tiempo por el senador radical Lisandro Enrico, al presentar proyectos sobre el tema excarcelaciones y prisiones preventivas que cierto garantismo exhibido en Diputados freezó.
Hace tiempo que el Ministro Pullaro se había referido al tema de las excarcelaciones. En aquel momento “la justicia” había respondido lo mismo que el titular de la Corte Rafael Gutiérrez repitió esta semana: es el Servicio Penitenciario – que depende de Pullaro – el que le da a los jueces de Ejecución Penal de Sentencia los informes sobre la conducta de los reos para las salidas transitorias, que en la mayoría de los casos usan para volver a delinquir: “es natural que un preso tenga buena conducta para lograr la salida transitoria; o bien que coimeen”, se escuchó decir en ámbitos gubernamentales.
Es por ello que el diputado Luis Rubeo presentó un proyecto para la creación de un órgano que controle las salidas transitorias de presos, tendiente a evitar la reincidencia de quienes salen con permisos y no regresan más al penal o delinquen. «La idea es que este dispositivo especializado asesore, controle y genere información verdadera para que jueces y fiscales puedan tomar las medidas bien sustentadas. Actualmente el juez debe definir si permite las salidas simplemente con un informe de una comisión dependiente del propio sistema penitenciario, dijo Rubeo.
Retomando el eje del conflicto de poderes (si bien no es formal, al menos sucede ante la opinión pública), los jueces se sienten ofendidos por la visibilidad que se le está dando a su función, considerando las declaraciones del Ministro Pullaro (quien también “se fue de boca” cuando dijo que en materia de seguridad “nadie se puede hacer el boludo”) «lesivas de la independencia de poderes». ¿Desde cuándo un funcionario – o ciudadano común – no puede opinar sobre el accionar de la justicia?. ¿Es materia prohibida?.
Para colmo, el diputado provincial del PRO Roy López Molina ingresará esta semana un proyecto para que los ciudadanos puedan acceder libremente al historial académico, profesional y patrimonial de los mismos y, en especial, a las causas en mora, las sanciones recibidas y las revocatorias y nulidades de sus fallos. «Hay una decisión política que busca controlar al Poder Judicial, uno de los más expuestos, y debemos analizar si este avance no perjudica su independencia», enfatizó Alfredo Palacios, presidente del Colegio de Magistrados de Santa Fe.
A todo esto, 65 fiscales con el Fiscal General Julio de Olazábal a la cabeza le pidieron al Gobernador duplicar la cantidad de fiscales en la provincia para investigar con mayor eficacia la ola de violencia en Santa Fe.
«A nivel internacional hay 8 fiscales cada 100 mil habitantes; en Santa Fe tenemos 3,5, menos de la mitad», precisó el Dr de Olazábal, quien agregó que en lo inmediato se necesitan cubrir 50 fiscalías creadas por ley que están vacantes; mientras su par de la Regional Rosario, Jorge Baclini, reclamó por «equipos técnicos para cada unidad fiscal para poder investigar con mayor rigurosidad científica» los delitos.
Olazábal fue gráfico: «A nivel internacional el parámetro que se maneja es tener unos 8 fiscales cada cien mil habitantes. En Santa Fe tenemos 3,5, es decir menos de la mitad. Queda claro que necesitamos aumentar el número de fiscales», subrayó.
Lo cierto es que mientras esta guerra dialéctica sucede entre quienes tienen la responsabilidad de resolver el problema, la ciudadanía sigue siendo víctima del accionar delictivo.
