El secuestro y homicidio de “El Viejo” y “El Carlón»
En nuestra ciudad se iniciaron los alegatos devenidos del juicio por el secuestro y asesinato de los militantes peronistas Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi, proceso en el que están imputados el último presidente de facto, Reinaldo Bignone; el ex comisario bonaerense Luis Patti y una decena de individuos entre militares retirados, ex policías y ex personal civil de inteligencia.
La provincia de Santa Fe es sede de los juzgamientos del ex juez de Menores Luis María Vera Candioti; los tenientes coroneles retirados Domingo Morales y Jorge Roberto Diab; el coronel retirado Caros Enrique Pavón y el ex comisario retirado Juan Calixto Perizzotti, por delitos en perjuicio de 52 personas.
El caso Cambiaso-Pereyra Rossi
Desde las primeras horas de la mañana de aquel 14 de mayo de 1983, el bar Mágnum, de Córdoba y avenida Ovidio lagos, como estaba previsto en el área de Operaciones del Comando del II cuerpo de Ejército, había sido puesto bajo estricta vigilancia.
El frío otoñal se hacía sentir en los cuerpos de quienes controlaban todos los movimientos en la cuadra, mientras el sol, a hurtadillas, se asomaba y escondía sigilosamente tras las nubes grises que presagiaban una lluvia torrencial.
Mientras tanto, en la estación de servicio, ubicada sobre la ochava noroeste, un par de agentes de inteligencia, refregándose las manos que sentían congeladas, fingían revisar un automóvil, en cuyo baúl había un importante número de armas de grueso calibre.
El expendedor de combustible, al margen de lo que se avecinaba, los miraba de reojo, con la intuición de que en cualquier momento ocurriría algo grave. Tenía la seguridad respaldada por su intuición personal, que en instantes, quizás, “se pudría todo”. Sin embargo, curiosamente, presentía que no debía actuar, que no tenía que entrometerse, que el destino decidiría.
Otros componentes del grupo –aproximadamente siete- estaban distribuidos en las inmediaciones, esperando pacientemente y casi abotagados por el frío inclemente, la llegada de Osvaldo Agustín Cambiaso y Osvaldo Pereyra Rossi, “El Viejo” y “El Carlón”, como los llamaban los militantes.
Al fin Cambiaso y Pereyra Rossi, restregándose los brazos para arrancarse el frío helado de encima arribaron al bar, alrededor de las 10.30.
“El Viejo” se pidió un cortadito en jarrita, mitad café, mitad leche y el “Carlón” lo siguió porque tenía la impresión que el frío le perforaba la piel. A la pregunta del mozo respondieron con el pedido de “dos medialunas dulces, de las grandes”.
Ya servidos y en momentos en que se disponían a atacar el desayuno, una tromba de un grupo de tareas los rodeó y a los golpes y empujones “los guardaron” en un par de vehículos, ante la atónita mirada de los parroquianos y del mozo que no atinaron por temor, o por la velocidad de los hechos, a efectuar ningún movimiento a favor de los secuestrados.
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La versión oficial no tardó en aparecer. Un enfrentamiento –inexistente- entre militantes peronistas y policías bonaerenses, adscriptos al comando Radioeléctrico de la Uniad Regional de Tigre –Luis Abelardo Patti, Juan Amadeo Spataro y Rodolfo Diéguez, oficial inspector, cabo y sargento, respectivamente-, había producido como resultante la muerte de Pereyra Rossi y Cambiaso.
Obviamente, el relato, presuntamente ideado por Patti y sus cómplices fue desmentido por testigos y los peritajes demostraron que los asesinos habían torturado a sus víctimas y -como era ya común en esos tiempos- montaron un enfrentamiento ficticio, del que Cambiaso, al menos, no habría podido participar por problemas de salud, lo que fue confirmado por los forenses tras la autopsia.
La causa, remitida al Juzgado Federal de San Nicolás, cayó en el despacho del doctor Hilario Milesi, un suboficial mayor (RE) del ejército que ocupaba la judicatura desde el 24 de marzo de 1976. Luego, en razón de una resolución de la Corte de facto, se derivó la causa al juzgado del doctor Juan Carlos Marchetti.
Las autopsias, no dieron cuenta de las lesiones post mortem de los cuerpos martirizados. Quizás, un acto de vergüenza del poder, hizo que el caso pasara a un despacho judicial de la provincia, en la que se dictó la prisión preventiva para los imputados de homicidio calificado.
Una nueva autopsia, surgida de la presión social, mostró la existencia de lesiones múltiples que no habían sido tenidas en cuenta en los estudios patológicos anteriores, realizados por un médico de policía.
La Cámara Segunda de Apelaciones tuvo que modificar la carátula del episodio y la transformó en homicidio simple. Sin embargo, el juez Marchetti sobreseyó, sin razones atendibles a los imputados el 18 de octubre de 1983, en razón de que no se habían incorporado al proceso nuevas pruebas. Sólo se tuvieron en cuenta para la decisión, que cualquier jurista y la defensa calificaría de insostenible, las declaraciones de los peritos y la valuación inversa de la prueba instrumental incorporada.[1]
La resolución fue confirmada por la Cámara Segunda, integrada por los doctores Jorge Eduardo Castelli, Oberdán Andrín y Héctor Eduardo Aramburu. El sobreseimiento provisorio fue recurrido por el fiscal Oscar González y por los abogados de la defensa de las víctimas.
Pero, -siempre hay un pero- el fiscal Leonardo Migliaro, ante la Cámara aludida–único habilitado por la jurisprudencia vigente de la Suprema Corte Bonaerense para recurrir el fallo-, lo consintió.
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Pasaron tres años desde que fueron hallados los cuerpos acribillados y llenos de lesiones por tortura –veinticuatro horas antes de la Navidad de 1986–. Casualmente el mismo día en que se sancionó la Ley 23.492, de Punto Final y en vísperas de la sanción y promulgación de la Ley 25.521de Obediencia Debida. Ambas aprobadas por el Poder Ejecutivo.
De esta manera, el juez Abel Di Lorenzo, del Juzgado Federal Nº 3 convirtió en definitivo, por el tiempo transcurrido, el sobreseimiento provisorio, dictado por el juez Marchetti, a favor de Patty y compañía.
Aprovechándose de la anulación de las leyes apuntadas, el fiscal de San Nicolás Patricio Murray y los defensores de la familia Cambiaso, constituidos junto a organismos de Derechos Humanos como querellantes, requirieron al juez federal de San Nicolás Carlos Villafuerte Russo –el mismo que investigó el fallecimiento del hijo del presidente Menem-, la reapertura de la causa “por existir elementos suficientes para plantear la nulidad del sobreseimiento incorrectamente otorgado”.[2]
En el congelante agosto de 2007, luego de dos años de iniciado el primer planteo de la defensa para la reapertura de la causa, el juez Villafuerte Russo rechazó el pedido de nulidad planteado por la fiscalía y las querellas, aunque admitió continuar con las investigaciones.
Nuevamente la resolución sufrió una apelación por parte de la fiscalía y los abogados de los organismos de Derechos Humanos y de H.I.J.O.S. y la Cámara de Apelaciones tuvo a su cargo la decisión final.
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Al cumplirse el 25º aniversario del homicidio apuntado –2008- el Concejo rosarino aprobó por unanimidad la ordenanza mediante la cual se denominó “Osvaldo Cambiaso” al Pasaje Nº 1115, ubicado entre Amenábar y el Pasaje 1113 de Rosario, cuyo trazado se extiende desde las calles Valparaíso hasta Servando Bayo.
En la oportunidad se colocó un monolito con una placa recordatoria con la presencia de Gladis Cambiaso, hermana del fallecido. El exconcejal Arturo Gandolla señaló que “Al recordar a Cambiaso condenamos el oprobio que significó para nuestro país el golpe militar de 1976”.
El poeta Juan Gelman, acerca de la muerte de Cambiaso, apuntó que “muy poca gente estuvo siempre a la altura de las circunstancias”.
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Eduardo Costanzo (a) “Tucu”, ex personal civil de inteligencia del Ejército reafirmó que el ex arquero de Rosario Central El “Gato” Edgardo Andrada fue parte de la patota que secuestró a Osvaldo Cambiaso y Eduardo Pereyra Rossi.[3]
Costanzo confirmó que Andrada “era muy apegado al jefe militar Pascual Guerrieri, quien lo hizo ingresar” en el Destacamento y que “figura en los archivos del Ejército con el apellido falso de Antelo”.[4]
El mismo ex espía agregó que el “Gato” “estaba parado en el Falcon amarillo, legal, del Destacamento, con Guerrieri y el teniente coronel Víctor “Chuli” Rodríguez, en la puerta del bar donde se hizo el operativo”.
El 9 de noviembre de 2011 el ex arquero de Rosario Central Edgardo Andrada fue citado a prestar declaración en la justicia federal por el secuestro y asesinato que nos ocupa.
La decisión judicial obligó a renunciar a Andrada a las divisiones inferiores del club donde se desempeñaba para responder a la indagatoria propuesta por el fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, quien venía exigiendo la decisión judicial desde marzo de 2005.
En esos días Murray estimaba que “las pruebas con relación a los hechos son harto suficientes y abundantes” y agregó: “hay pruebas documentales que se incorporaron con posterioridad a la causa y que indican claramente la responsabilidad de Andrada en los hechos”.[5]
Murray, en noviembre de 2011 también aseveró que existían legajos de militares y prueba documental que tiene que ver con información desclasificada por el Departamento de Estado norteamericano que acreditan sus hipótesis y los de la querella.
Vale agregar que fue el agente Daniel Fabi quien los vio ingresar al bar Mágnum y de allí “se los llevaron en el camioncito 608, donde habitualmente cargaban los muertos al avión –vuelos de la muerte- y los llevaron a Circunvalación al fondo”[6] donde los picanearon y luego se los entregaron a Patti.
Tras la detención primaria a Cambiaso lo pusieron en la parte de atrás de un auto, donde el “Puma” Ariel Porra le pisaba la cabeza y la espalda, mientras que en el auto restante lo trasladaban a Pereira Rossi.
Allí viajaba con el yerno del coronel Pozzi (Juvenal), a quien conocían en la patota como “Filtro”, de nombre Sebastián.[7]
Costanzo también mandó al frente a Raúl Campilongo como componente del grupo represor quien estaba en la puerta de Mágnum con un arma en la mano. El imputado había sido director de Vivienda de Rosario a mediados de la década del 80.
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El 3 de julio de 2012, en el marco del secuestro y asesinato de “El Viejo” y “El Carlón”, tres ex militares fueron indagados y posteriormente detenidos.
El coronel (RE) Rodolfo Jorge Rodríguez, que a la fecha de los sucesos descriptos era el jefe del Departamento 3 de Operaciones del Comando del II Cuerpo de ejército y de la Zona de Defensa II; el teniente coronel (RE) Raúl Oscar Otero, ex segundo jefe y jefe de la Plana Mayor del Batallón de Comunicaciones 121 y del Área Militar 211; y el coronel (RE) Néstor Oscar Jacquier, ex oficial S2 y S3 (Operaciones e Inteligencia), del batallón mencionado y del Área Militar 211, tras prestar declaración fueron .-en el caso de los dos primeros imputados- puestos a disposición de la justicia en estado de detención domiciliaria, mientras que al restante se lo detuvo en la Delegación San Nicolás de la Policía Federal, aunque –vale apuntarlo- su defensa pidió que se lo trasladara a una unidad penal de Córdoba, donde se domicilia su familia.
[1] Ada Oberlín. Abogada del equipo jurídico de la Agrupación H.I.J.O.S. El Eslabón. 2008.
[2] Íbidem.
[3] La Capital . Sección Política. 3/11/2011
[4] Íbidem.
[5] Diario Página 12 . 02/11/2011
[6] La Capital. Sección Política. 03/11/2011
[7] Íbidem.
