Imputaron a dos excomisarios por allanamiento ilegal en la «narcochacra» de Alvear
La jueza Alejandra Rodenas indagó al ex titular de la 5ª, José María Brunelli, y al ex jefe de Orden Público, Juan Cabral, por la irrupción irregular en un predio de Alvear. Les achacó también incumplimiento de deberes y encubrimiento.
Lorena Panzerini/Rosario 12
La jueza Alejandra Rodenas imputó al ex comisario de la seccional 5º, José María Brunelli; y al ex jefe de Orden Público, Juan Cabral, por el «allanamiento ilegal» en la llamada narcochacra, en abril de 2013. También les achacó los delitos de falsificación ideológica de instrumento público, encubrimiento agravado por su calidad de funcionario público e incumplimiento de los deberes. Los acusados detallaron su accionar y defendieron el procedimiento, en su declaración. Lo trascendente del operativo fue que días después se conoció un video en el que se ve a un policía que levanta una bolsa de nylon negra de una mesa y al grito de «¡bingo!» sale corriendo y la sube a su auto.
En noviembre pasado, Rodenas ordenó abrir la investigación sobre el accionar policial en el escandaloso allanamiento a la «narcochacra» de Alvear, por presunta comisión de delitos de índole provincial. El cuestionado procedimiento fue ordenado por el juez Juan Carlos Vienna, por el robo a la empresa de electrodomésticos Calatayud, pero se terminaron secuestrando armas y drogas, por lo que también intervino la Justicia Federal.
Por aquellos días, el Ministerio Público Fiscal pidió investigar ese suceso y también lo hizo la Cámara Penal, pero nunca se había dado curso al requerimiento, hasta que Rodenas heredó la causa. Por ello, frente a un nuevo pedido -esta vez solicitado por la fiscal María Alejandra Rodríguez-, se inició la pesquisa que ayer incluyó las indagatorias.
Así, los ex jefes mencionados fueron imputados por «haber sido parte del irregular requerimiento -para allanar- con falsas afirmaciones relacionadas a supuestas tareas investigativas de personal dependiente de la agrupación Orden Público, a cargo de Cabral; puesto que las mismas no habrían existido. Dichas afirmaciones mendaces tuvieron como único objeto que se libre una orden de allanamiento, a sabiendas de que el inmueble en cuestión carecía de interés para la investigación del ilícito en que resultara víctima la firma Calatayud». Asimismo, se les atribuyó «haber ejecutado el allanamiento en cuestión de manera ilegítima e irregular, al practicarlo en abierta inobservancia a las formalidades que exige la ley».
Entre las irregularidades, la imputación enumera: «El contenido del acta de procedimiento no coincide, en su totalidad, con las imágenes que surgen. Hay un desordenado despliegue policial por todo el predio, por lo que se puede percibir en la filmación la actividad desarrollada por el personal. Existe una inadecuada documentación fotográfica y fílmica de lo realmente acontecido; un inadecuado recogimiento y resguardo de los elementos probatorios que pudieran haber surgido de dicho procedimiento; un inapropiado comportamiento del personal policial, que ríe o formula expresiones que no se corresponden con la diligencia, mientras que otros ingieren alimentos que encuentran. Incluso, el testigo requerido no alcanza a percibir la totalidad de lo acontecido». Y sobre el punto neurálgico de las irregularidades, la imputación sostiene: «Se atribuye al personal actuante el haber procedido al levantamiento de una bolsa que se encontraba sobre una mesa, de contenido ignorado, y al grito de «bueno… ¡bingo!» retirarse del lugar con ese elemento, sin que se haya hecho constar el secuestro de ese material», que se sospecha «ocultado» o «hecho desaparecer».
La jueza considera que «con dicho accionar, se habrían omitido el cumplimiento de los deberes que como funcionario público le imponían las leyes así como las reglamentaciones relacionadas. Todas las actividades habrían sido ejecutadas llevando adelante un plan ideado en forma conjunta con los demás funcionarios policiales de jerarquía mayor y posibilidad de impartir órdenes».
Según se indicó desde el juzgado interviniente, en diez días se completarán las indagatorias con las declaraciones del entonces jefe de inspección de la seccional 5ª, Peralta; y quien estaba a cargo del cuerpo de Guardia de Infantería, Jorge Alvarez.
En ese allanamiento fue detenido -entre otros- el apodado «Japo» Saboldi, quien días después murió en un incendio intencional en la Alcaidía de Jefatura, con otros dos internos.
En tanto, esta causa avanzará sin perjuicio de la investigación que pidió en septiembre pasado la Justicia Federal sobre el accionar del juez Vienna y los policías implicados, por delitos de su competencia, tras absolver a cuatro acusados por el dudoso hallazgo de drogas, durante un juicio oral.
Lorena Panzerini/Rosario 12
